Auge del cibercrimen en Argentina: análisis del impacto de la pandemia COVID-19

Tendencias, amenazas y respuestas durante 2020-2021

Introducción:

La pandemia de COVID-19 no solo reconfiguró las dinámicas sociales y sanitarias a nivel global, sino que también aceleró drásticamente la transformación digital, empujando a gobiernos, empresas y ciudadanos hacia una dependencia sin precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En este contexto, Argentina experimentó, al igual que muchas otras naciones, un notable incremento del cibercrimen. Este fenómeno, que abarca desde fraudes y estafas hasta ataques a infraestructuras críticas y la explotación de vulnerabilidades humanas, se ha consolidado como una amenaza significativa para la seguridad nacional y la estabilidad socioeconómica.

Este artículo, basado en el análisis presentado en el trabajo «El cibercrimen en la Argentina en contexto de la pandemia del COVID-19» (Rábalo, 2024), explora la evolución del ciberdelito en Argentina durante el período crítico de 2020-2021. Analizaremos las principales tendencias, los tipos de delitos más prevalentes, el impacto en el sector público y las infraestructuras críticas, así como el marco legal e institucional desarrollado para hacer frente a estos desafíos. El objetivo es ofrecer una perspectiva informada sobre la magnitud del problema y las lecciones aprendidas, relevantes para la comunidad de seguridad internacional.

El contexto: la pandemia como acelerador digital y criminal

El advenimiento de la pandemia de COVID-19 actuó como un catalizador inesperado para la digitalización forzosa. Medidas como el confinamiento obligatorio, el teletrabajo masivo, la educación a distancia y el auge del comercio electrónico incrementaron exponencialmente la superficie de exposición digital de la sociedad argentina. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2023) reflejan un crecimiento sostenido en el acceso a internet y el uso de dispositivos, alcanzando más de 37 millones de accesos a internet para junio de 2023, un aumento superior al 43% en ocho años. Para fines de 2022, el 92,1% de los hogares urbanos contaba con acceso a internet.

Si bien esta transición digital trajo beneficios, también creó un terreno fértil para la proliferación del cibercrimen. Los delincuentes adaptaron rápidamente sus tácticas para explotar las nuevasulnerabilidades. El aumento de transacciones en línea, la necesidad de acceso remoto a sistemas corporativos (a menudo desde redes domésticas menos seguras) y el estado generalizado de incertidumbre y miedo fueron capitalizados por actores maliciosos. Como señalan Carnaghi, Wierzbinsky y Sain (2021), los ciberdelincuentes utilizaron el contexto de la crisis sanitaria para lanzar campañas de phishing, difundir malware, cometer fraudes relacionados con ayudas gubernamentales o turnos de vacunación, y explotar la necesidad de conexión constante.

Panorama del cibercrimen en Argentina (2020-2021): tendencias clave

El análisis de datos oficiales durante el pico de la pandemia revela un panorama preocupante. Según el informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2021), las denuncias por delitos informáticos en Argentina experimentaron un aumento general del 31% entre 2020 y 2021, pasando de 9.604 a 12.593 casos reportados por las jurisdicciones analizadas.

La distribución geográfica de las denuncias fue heterogénea. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad (más del 50% del total en ambos años), seguida por Tierra del Fuego, cuya alta incidencia per cápita resulta llamativa. Provincias como Mendoza y Neuquén experimentaron incrementos porcentuales explosivos (181% y 136% respectivamente), mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró un aumento más moderado (2.6%), posiblemente indicando una mayor madurez en sus mecanismos de reporte y mitigación, o una saturación previa.

En cuanto a la tipología delictiva, los delitos contra la integridad sexual de menores fueron predominantes, representando cerca del 65% del total en ambos años. Específicamente, la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (Art. 128 CP) y el grooming (Art. 131 CP) fueron las figuras más denunciadas. Este dato subraya la especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes durante los períodos de aislamiento social y mayor exposición a entornos digitales.

Sin embargo, el incremento más significativo se observó en las estafas informáticas (Art. 173 inc. 16 CP), que crecieron un 136% entre 2020 y 2021. Este aumento, particularmente notable en Buenos Aires y CABA, se vincula a la adaptación del crimen organizado y la aparición de nuevas modalidades de fraude en línea, explotando la digitalización de las finanzas y el comercio. Datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI, 2021) para CABA corroboran esta tendencia, mostrando que las estafas y defraudaciones informáticas representaron el 37% de las denuncias recibidas en 2020, solo superadas por el grooming (38%).

Ataques a infraestructuras críticas y al sector público: una amenaza creciente

Más allá de los delitos que afectan directamente a los ciudadanos, el período pandémico y los años subsiguientes han evidenciado una tendencia preocupante: el aumento de ciberataques dirigidos contra organismos gubernamentales e infraestructuras críticas en Argentina. Estos incidentes comprometen no solo la operatividad de servicios esenciales, sino también la seguridad de información sensible y la confianza pública.

La recopilación de incidentes relevantes publicados en medios de prensa (Pallero, s.f., citado en Rábalo, 2024) muestra una variedad de ataques desde 2017. Organismos como la Policía Federal Argentina (filtración de datos en 2017 y 2019), la Dirección Nacional de Migraciones (ransomware en 2020), la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (ransomware en 2020), el Ministerio de Salud de San Juan (vulnerabilidad y sanción en 2020), la Justicia de Córdoba (ransomware paralizante en 2022), la Comisión Nacional de Valores (ransomware y extorsión en 2023), el CONICET (ransomware en 2022), el PAMI (virus informático en 2023) y hasta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (filtración potencial en 2024) han sido blanco de ataques.

Los tipos de ataque más comunes contra estos objetivos, según el análisis de Pallero, han sido el ransomware (27 incidentes registrados entre 2017-2023) y el databreach o filtración de datos (25 incidentes). Los ataques de Denegación de Servicio (DoS) también son significativos (11 incidentes). Estadísticas del Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas nacional (Cert.ar, 2023), aunque enfocadas principalmente en el sector público nacional, confirman la prevalencia del phishing (72,2% de los incidentes reportados en 2022) como vector inicial para muchos de estos ataques, afectando principalmente a la administración pública y al sector financiero.

Estos eventos subrayan la vulnerabilidad de sistemas clave y la necesidad imperiosa de fortalecer las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad del Estado argentino, protegiendo tanto la infraestructura como la información confidencial de los ciudadanos y del propio gobierno.

Marco legal e institucional: respuestas y desafíos

Argentina ha desarrollado un marco normativo e institucional para enfrentar el cibercrimen, aunque la rápida evolución de las amenazas plantea desafíos constantes. La Ley N° 26.388 de 2008 (conocida como Ley de Delitos Informáticos) modificó el Código Penal para tipificar figuras como el acceso ilegítimo a sistemas, el daño informático, la distribución de virus y la estafa informática. Posteriormente, la Ley N° 26.904 de 2013 introdujo el delito de grooming.

Un pilar fundamental es también la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales (año 2000), que establece principios para el tratamiento de datos y obliga a adoptar medidas de seguridad. Su cumplimiento es crucial, especialmente ante el aumento de filtraciones de datos.

En el plano internacional, Argentina adhirió en 2017 al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia (Ley N° 27.411), el principal tratado internacional en la materia, que promueve la armonización legislativa y la cooperación internacional para investigar y perseguir estos delitos. En 2023, adhirió también a su Segundo Protocolo Adicional.

Institucionalmente, destacan varios organismos clave:

• UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia): Creada en 2015 dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, investiga delitos informáticos complejos y coordina acciones a nivel federal.
• Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNC): Dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordina políticas de ciberseguridad para el Sector Público Nacional y opera el Cert.ar (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas).
• Dirección de Investigaciones del Ciberdelito: Perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, se enfoca en la prevención e investigación operativa.
• Unidades especializadas provinciales: Varias provincias cuentan con fiscalías o divisiones policiales especializadas, como la UFEDyCI en la Ciudad de Buenos Aires.

A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. La necesidad de recursos (humanos y tecnológicos), la capacitación constante de agentes judiciales y policiales, la dificultad para obtener evidencia digital de proveedores de servicios internacionales, la falta de reporte (cifra negra) y la necesidad de una mayor coordinación interagencial y federal son aspectos cruciales a mejorar para una respuesta más efectiva.

Conclusión: lecciones aprendidas y perspectivas futuras

La experiencia argentina durante la pandemia de COVID-19 ofrece lecciones valiosas sobre la interconexión entre la transformación digital acelerada y la evolución de las amenazas a la seguridad. El cibercrimen dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en una característica intrínseca del panorama delictivo contemporáneo, afectando a individuos, empresas y al propio Estado de manera profunda y multifacética.

El análisis confirma que la pandemia actuó como un potente catalizador, no necesariamente creando tipos de delitos radicalmente nuevos, pero sí exacerbando los existentes y adaptándolos al entorno digital. La prevalencia de delitos contra la integridad sexual infantil y el crecimiento exponencial de las estafas informáticas son testimonio de ello. Asimismo, la creciente sofisticación y frecuencia de ataques contra el sector público e infraestructuras críticas resaltan la dimensión estratégica de la ciberseguridad para la estabilidad nacional.

Argentina ha respondido con un marco legal e institucional que busca alinearse con estándares internacionales, destacando la adhesión al Convenio de Budapest y la creación de unidades especializadas como UFECI y Cert.ar. Sin embargo, la velocidad del cambio tecnológico y la naturaleza transnacional del cibercrimen exigen una adaptación constante, mayor inversión en capacidades, una sólida cooperación público-privada y una fuerte apuesta por la concientización ciudadana.

En el futuro, la lucha contra el cibercrimen en Argentina requerirá un enfoque integral y proactivo, que combine la actualización legislativa, el fortalecimiento institucional, la cooperación internacional efectiva y la promoción de una cultura de la ciberseguridad en todos los niveles de la sociedad. La protección del ciberespacio es, indiscutiblemente, un componente esencial de la seguridad nacional en el siglo XXI.

Palabras clave: Cibercrimen, Argentina, Ciberseguridad, COVID-19, Estafas Informáticas, Grooming, Marco Legal

Referencias:

• Aboso, G. E., et al. (2022). Ciberdelitos: análisis doctrinario y jurisprudencial (1a ed.). Editorial Albermática S.A.
• Carnaghi, C., Wierzbinsky, K., & Sain, G. (2021). Ciberdelitos durante la pandemia del COVID-19 en Argentina: Informe de denuncias judiciales y modalidades frecuentes 2020-2021. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Disponible en argentina.gob.ar
• Cert.ar. (2023). Incidentes Informáticos. Informe anual de incidentes de seguridad informática registrados en el 2022 por el CERT.ar. Jefatura de Gabinete de Ministros. Disponible en argentina.gob.ar
• Consejo de Europa. (2001). Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest). ETS No. 185.
• Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal. (2021). Ciberdelitos durante la pandemia del COVID-19 en Argentina: Informe de denuncias judiciales y modalidades frecuentes 2020-2021. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2023). Accesos a internet: Segundo trimestre de 2023. Informes técnicos, 7(183). INDEC.
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2023). Acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. EPH Cuarto trimestre de 2022. Ciencia y tecnología, 7(1). INDEC.
• Pallero, M. (s.f.). Ciberincidentes relevantes en Argentina. Time.Graphics. Accedido el 20/05/2023, de https://time.graphics/es/line/630567 (Nota: Fuente utilizada en la tesis base para la lista de incidentes).
• Rábalo, D. A. (2024). El cibercrimen en la Argentina en contexto de la pandemia del COVID-19 [Trabajo Integrador Final, Especialización en Criminología]. Universidad Nacional de Quilmes.
• Saín, G. (2015). ¿Qué son los delitos informáticos? En Rubinzal Culzoni Online. Rubinzal Culzoni Editores.
• Saín, G. (2019). ¿Qué es el cibercrimen? Universidad Austral.
• Temperini, M. (2015). El desafío de la lucha contra el cibercrimen en Argentina. Papeles, 16, 31–51. doi: 10.14409/p.v0i16.4832
• UFECI. (2021). Informe de gestión de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia 2020. Ministerio Público Fiscal de la Nación. Disponible en mpf.gob.ar
• Ley N° 25.326. Protección de los Datos Personales. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 2 de noviembre de 2000.
• Ley N° 26.388. Delitos Informáticos. Modificación del Código Penal. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 25 de junio de 2008.
• Ley N° 26.904. Grooming. Modificación del Código Penal. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 11 de diciembre de 2013.
• Ley N° 27.411. Apruébase el Convenio sobre la Ciberdelincuencia. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina, 30 de noviembre de 2017.